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Lo realmente acertado hubiera sido que el gobierno provincial empezara por consultar a la sociedad y que respetara el debate parlamentario. El discurso electoral no planteaba la concesión de las tierras fiscales y los puertos.

En cambio el Ejecutivo avasalló a la Legislatura y omitió la opinión de las organizaciones de la sociedad, haciendo aprobar un texto desconocido para opositores y propios: el mismo Presidente de la Cámara de Diputados argumentó en el recinto el miércoles 8 de febrero que “la siembra de arroz es un invento de los opositores” poniendo a luz su ignorancia de la propia letra de la ley que se había aprobado 56 días antes y que en el artículo 8 creaba “Arroz del Delta Entrerriano S.A.”.

El proyecto de ley que deroga la 10.092 no inicia “un camino virtuoso” porque no revisa la idea sustancial del Ejecutivo de concesionar las tierras y los puertos a un grupo privado expresado en el proyecto de ley original. La idea de que la ley derogada era correcta es defendida por los voceros oficiales. Lo que compromete el Ejecutivo en el mensaje de la nueva ley es atender la cuestión ambiental y llamar a algunos sectores determinados a expresar su opinión.

No se abre la puerta claramente a una concepción opuesta a la de crear desde el Estado una empresa de capital concentrado y “adjudicarla”: un plan que favorezca los pequeños emprendimientos familiares, interviniendo el Estado en la creación de las condiciones favorables habitacionales, de transporte, de salud y educación y por supuesto el apoyo financiero, técnico, administrativo-contable. Lo virtuoso principalmente sería consultar a los propios isleños. Por supuesto a la Federación Agraria, a los ambientalistas y a la Universidad.

Para cerrar este capítulo hay que releer la Constitución reformada y aplicar principios consagrados en ésta.

Por supuesto cualquier regulación establecida por ley deberá tener los organismos de aplicación y control, con su personal y presupuesto. La realidad dice que la ley 9.603 no tiene correlativamente las herramientas estatales para ser efectiva en cuanto a las disposiciones ambientales.

Desde el siglo XIX nuestra provincia tiene una antigua tradición de colonización alentada desde el estado provincial. También una triste historia de apropiación privada de tierras de dominio público.

Cuando el proyecto de nueva ley que envía el Ejecutivo encomienda a los organismos de control “la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras que componen el delta entrerriano e informe las conclusiones al Poder Legislativo” crea el cauce de una ley reivindicatoria de la propiedad pública de las islas.

Con la misma intensidad que la sociedad se dispuso a “El Paraná no se toca” hay que predisponerse a la recuperación de las tierras usurpadas, apropiadas, y esto tiene que ser una causa de todo el pueblo de la provincia.

Carlos Godoy
Ex candidato a intendente de Proyecto Sur
Miembro de la mesa del espacio político en representación del PSA.