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Hubo causas de la macroeconomía que derivaron en el estallido social, asegura Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de la Provincia.

El país vivía en una burbuja: importaba más de lo que exportaba, y gastaba más de lo que tenía, y todo ese desbarajuste se arreglaba con más endeudamiento, sobre la base de una ficción: la convertibilidad que ataba el valor del peso al dólar. “Eso, en algún momento, explotó, y a partir de ahí se ensayaron distintas acciones que no funcionaron. El blindaje, el megablindaje, el canje, el megacanje, los ajustes sucesivos, las leyes de emergencia. Todo fracasó porque fracasó la renegociación de la deuda con los bancos y los organismos de crédito”, indica.

Sin más crédito para sostener el sistema, el Estado nacional y las provincias cayeron en una situación de desfinanciamiento, y, obvio, en cesación de pago, como Entre Ríos, que no pudo pagar salarios a los estatales entre junio y octubre de 2001, cuando salieron a la calle los Federales.

¿Por qué fue tan fuerte la crisis en la provincia? Rodríguez Signes le echa culpas a la administración Montiel: que fue poco abierto al diálogo, y además aplicó medidas desacertadas, como la ley de jubilación anticipada, que en vez de servir para achicar el gasto público, sólo se usó para nombrar más gente en el lugar de los que se iban. “No se adoptaron medidas de reducción del gasto como sí lo hizo Santa Fe, que vio la crisis antes, y no necesitó emitir bonos”, analiza.

¿Se aprendió algo de 2001? “Yo creo que sí –dice—y la prueba está en que en política económica estamos en un camino inverso al que estábamos en 2001. Eso es positivo”.